February 2013 Archives

El resto de la banca nacional, mucho más centrada en la operatoria comercial interna y con recursos invertidos en el sector inmobiliario, tenía un panorama más delicado, y ello se dejó notar tanto en sus cotizaciones bursátiles como en su generación de resultados, que se vio especialmente disminuida.

La evolución futura de estos bancos va a depender mucho de cómo evolucione la economía en general y del grado de apertura y funcionamiento de los mercados internacionales. Su fuerte implicación con la situación interna y sus necesidades de refinanciación de la deuda contraída con entidades internacionales son factores muy determinantes a la hora de valorar su futuro.

Todo indica que en un futuro no muy lejano puedan producirse procesos de concentración que afecten a estas entidades de tamaño mediano en un claro intento de ganar dimensión para poder acceder a los mercados internacionales de capitales en mejor situación que ahora. De hecho, el Banco Sabadell ya lo ha iniciado con su oferta de compra del Banco Guipuzcoano que está llevándose a cabo en estos meses. No será la última operación, porque el futuro inmediato no se presenta especialmente positivo para estas entidades atrapadas por su propia actividad.




El sector de las cajas de ahorros ha sido en esta ocasión e más perjudicado; y ello a pesar de que en los anteriores episodios de crisis había logrado mantenerse al margen y de que durante año: había protagonizado lo que parecía un modelo de éxito al ir ganan do cuota de mercado a la banca y conseguir que su presencia e imagen fueran superiores a las de las otras entidades financieras.

Por varias razones. La primera de ellas, sin duda, por el fuer te componente que su cartera de créditos tiene en el sector inmobiliario: hipotecarios, inmobiliarias, promotores... En los años previos al estallido de la burbuja, la gran mayoría de las cajas acentuaron su carácter de prestamista de todo este sector y forjaron su fuerte expansión en balance y en red en el crecimiento del inmobiliario, al que fueron acompañando en todo momento.

Una segunda razón radica en los fuertes vínculos existentes entre algunas cajas de ahorros y las autoridades políticas de su zona de influencia. Inversiones consideradas prioritarias o esenciales para el desarrollo de algunas comunidades autónomas y que no podían ser acometidas por las administraciones fueron desarrolladas, o al menos financiadas, con el concurso de las cajas de la región. Los ejemplos son varios y variados. Como muestras pueden valer la elevada inversión realizada por las cajas del Levante en el parque de atracciones Terra Mítica, donde han enterrado una cantidad importante de dinero prácticamente irrecuperable, o la puesta en marcha del primer aeropuerto privado de España en Ciudad Real, que contó con el concurso de la Caja de Castilla-La Mancha, además de inversores privados, y con financiación de dicha entidad. La influencia política en algunas entidades ha sido manifiesta en estos años.

Una tercera razón a la hora de explicar los problemas globales de las cajas es la concentración geográfica de su actividad. Realmente, salvo un puñado escaso de entidades que tienen una relativa implantación nacional de su red de oficinas y, por lo tanto, de su actuación comercial, la gran mayoría de este tipo de entidades tiene muy vinculado su negocio al área de influencia donde nacieron. Como quiera que los procesos de concentración de las cajas en los años anteriores consistieron en agrupaciones provinciales o, como mucho, a escala de cada comunidad autónoma, la marcha de la economía de esas zonas concretas es lo que más influye en su solvencia.

Dos cuestiones más explican el mal momento por el que pasan algunas cajas. Una es general: su propio estatus jurídico --hasta su reciente modificación--, que les impedía tener capital, era fuente de problemas a la hora de generar recursos propios. Éstos sólo proceden de las reservas acumuladas con cargo a resultados o por la suscripción de preferentes, cuotas participativas u otros activos de este tipo, difíciles de obtener en las condiciones actuales y que, cuando se logran, es a unos costes prohibitivos. La segunda cuestión es que no siempre han estado al frente de algunas cajas las personas idóneas, de modo que sus responsables han cometido importantes errores de gestión al concentrar en exceso su negocio en sectores en dificultades o al equivocarse sobre la bondad de determinadas inversiones.

A partir de aquí surgen las discrepancias. Aunque hay coincidencia general en que la supervisión a grandes rasgos ha sido acertada porque las grandes instituciones españolas han resistido la crisis, cosa que no ha ocurrido en el resto del mundo, también hay quien considera que en los últimos años no fue todo lo concienzuda que debería haber sido.

Que las grandes instituciones españolas han resistido mejor que el resto de sus competidoras es evidente. No ha habido crisis de ninguna de ellas; no se han necesitado ayudas extraordinarias ni aportaciones públicas de capital, como ha pasado en otros países. Y esta comparación vale cuando se hace con países que tenían burbuja inmobiliaria, como Estados Unidos, Reino Unido o Irlanda, donde los estados han tenido que aportar dinero o nacionalizar directamente a sus grandes instituciones para evitar su quiebra. Pero también vale para países donde no había burbuja, como Alemania, Francia u Holanda, que también han necesitado fuertes aportaciones de capital para evitar el hundimiento de las grandes entidades. En España, hasta el momento, no ha sido necesario.

Pero, señalan algunos expertos, si todo el mundo sabía que el sector inmobiliario no podía seguir resistiendo un ritmo de iniciación de viviendas superior a las 700.000 anuales, si era evidente que no era financieramente acertado proporcionar créditos ingentes de dinero para que unas empresas adquirieran paquetes importantes de otras con la casi exclusiva garantía de dichas acciones, ¿por qué el Banco de España no endureció su política de provisiones de forma que fuera más difícil realizar estas operaciones?

Estos expertos señalan que no bastaba con que, por ejemplo, el Banco de España mostrara su disgusto por la aparición de hipotecas a 40 o más años de amortización y que debería haber impuesto una provisión más alta en este tipo de operaciones para desanimarlas. O pedir mayores garantías o más provisiones para según qué créditos cuyo riesgo era superior.

La situación por la que atravesaba la economía española puede definirse como el peligro de un exceso de liquidez. Como había dinero por todas partes a precios muy baratos, las entidades financieras estaban dispuestas siempre a acabar prestando, y así las empresas y particulares siempre encontraban alguien dispuesto a renegociar sus deudas. De esta forma no es que, en muchos casos, se pagaran las deudas, sino que se renegociaban los créditos, con las mismas entidades o con otras distintas, de forma que la pelota siempre estuviera girando.

Con este sistema la morosidad apenas existía --basta recordar que durante mucho tiempo estuvo situada en mínimos históricos--, lo que significaba de manera automática que prácticamente no había que hacer provisiones porque se consideraba que la mayor parte del balance de bancos y cajas estaba sano y no suponía ningún peligro.

Algo más de cautela, alguna actuación más enérgica para parar la burbuja financiera, habrían venido bien, como se ha demostrado posteriormente. En el propio banco emisor se reconoce que habría que haber hecho más de lo que se hizo --aun señalando que lo hecho fue mucho--, ya que luego surgieron los problemas a los que en estos meses se trata de dar solución.

En la situación descrita en el post anterior, cuando el mercado se secó de golpe, aparecieron también de repente los problemas en las empresas, que vieron que ya no había giro de recursos sino por el contrario obligación de hacer frente a pagos de forma inmediata en unos momentos en los que en general estaban sobreendeudadas y cor poca liquidez. A los particulares los problemas les llegaron con ur cierto retraso, cuando el desempleo empezó a crecer de forma ace lerada y, por lo tanto, la renta disponible de las familias empezó a descender en proporciones crecientes.

Con el surgimiento de los primeros problemas empezaron a buscarse soluciones que en un primer momento podrían calificar de provisionales. Parecía que el sistema financiero español no estaba aquejado de la crisis porque no había entrado ni en las hipotecas subprime ni en las operaciones fuera de balance que tantos quebraderos de cabeza proporcionaban a los principales bancos mundiales.

Fueron meses de relativo optimismo, pues se consideraba que el sistema financiero español era inmune a esas dificultades y posiblemente los problemas financieros al final no influirían negativamente sobre la economía real y por lo tanto la crisis no llegaría tan lejos como acabó llegando. Eran los momentos en los que se veían los toros desde la barrera, aunque los indicios del estallido de la burbuja inmobiliaria eran más que evidentes dado el importante descenso en el número de transacciones que se estaba produciendo y el aumento del tiempo transcurrido desde que se ponía una vivienda a la venta hasta que ésta se llevaba a efecto.

Pero la crisis no sólo no se frenó sino que se agudizó, entrando la práctica totalidad del mundo avanzado en recesión al tiempo y contagiando al resto de los países, salvo China e India, y los países emergentes de América Latina, que vieron reducido su ritmo de crecimiento pero manteniendo tasas positivas. Y la realidad de la economía española emergió por encima de cualquier cortina de humo. Con cierto retraso respecto al resto de los países, entre otras cosas por la fuerte inyección fiscal que permitía el superávit público acumulado, pero con gran virulencia al ser una economía muy dependiente de la construcción y muy flexible en el empleo dado el elevado porcentaje de contratos temporales, la crisis económica se hizo presente en España.

Y ahí empezaron los problemas para el sistema financiero español, que hasta entonces había parecido, y de hecho lo había sido, relativamente inmune a la influencia exterior, salvo por la dificultad de obtener financiación para mantener sus créditos a empresas y particulares. De ahí que en los primeros meses de 2009, cuando se empezaba a diseñar qué hacer desde la Administración para evitar el colapso financiero que se podía producir, se fuera partidario del «manguerazo», es decir, de proporcionar dinero fresco a las instituciones de forma que éstas pudieran hacer frente a sus compromisos.

La idea inicial era que la salud de las entidades, salvo casos muy contados y delimitados, no estaba amenazada y por lo tanto que no había peligro de «riesgo sistémieo». En el mundo bancario esto podía ser cierto. Los dos grandes bancos tenían un peso importante dentro de la economía española, pero su diversificación geográfica y de negocio, y el hecho de haberse mantenido al margen de las operaciones tóxicas en el exterior, les proporcionaban un colchón suficiente para resistir los problemas que se avecinaban. De hecho lograron en 2008 colocarse a la cabeza de la banca mundial por beneficios mientras que todos los gigantes mundiales presentaban unas pérdidas multimillonarias.

Desde el lado del negocio, cabe decir que bancos y cajas de ahorros se dividían en dos grandes grupos en cuanto al grado de exposición a la situación económica interna. Por una parte estaban los dos grandes bancos nacionales, Santander y BBVA, con una notable presencia en España, en torno al 15 por 100 de la cuota de mercado cada uno de ellos, pero con una diversificación geográfica importante dada la presencia de ambos en América Latina, y un cierto grado de influencia en Estados Unidos, y del Santander en el Reino Unido.

El otro gran grupo estaba formado por las cajas de ahorros y el resto de la banca, mucho más centrado en la financiación a la actividad interna sin apenas presencia internacional y con una concentración del riesgo en el sector inmobiliario muy elevada, dado que era el motor del crecimiento.

Desde el punto de vista de la supervisión, el Banco de España había modernizado en 1999 la desde entonces conocida como «provisión anticíclica», que exigía el establecimiento de una provisión genérica sobre el conjunto del crédito concedido independientemente de su salud. Esta provisión suponía de hecho una reducción del beneficio anual de bancos y cajas por cuanto había que dotar un fondo para hacer frente a contingencias futuras, lo que levantó numerosas críticas en el momento de su implantación e intentos de acabar con ella o por lo menos de suavizarla en los años posteriores



El antecedente de la provisión anticíclica hay que buscarle en la llamada «provisión genérica», puesta en marcha a mediado: de los años ochenta por el gobernador Mariano Rubio y el subgo bernador Juan Antonio Ruiz de Alda. En esos años, y cuando ape ñas se estaba saliendo de aquella crisis económica, las entidades fi nancieras conseguían cada año unos resultados que les parecíar excesivos a las autoridades.

Para reducir este crecimiento de los beneficios y frenar as una posible protesta social, el Banco de España adoptó dos medi das: obligó a las entidades financieras a dotar un fondo para hace frente a los compromisos de complemento de pensiones que las en tidades tenían con sus trabajadores y al tiempo impuso una provi sión genérica equivalente al 1 por 100 de sus créditos. El fondo d cobertura de los compromisos de pensiones fue una figura única ei el mundo financiero que se instauró en España.

A finales de los noventa, los entonces máximos responsables del Banco de España, Luis Ángel Rojo y Miguel Martín, acometieron una revisión de la provisión genérica, «tecnificándola» más, de forma que se dividían los tipos de créditos por categorías y a éstas se les aplicaban distintos porcentajes según los riesgos. El resultado final fue que la provisión anticíclica resultó ligeramente superior al 1 por 100 del total de créditos, lo que provocó nuevas quejas de bancos y cajas por entender que no sólo no era necesario su endurecimiento real sino que incluso debía eliminarse o reducirse.

De hecho las autoridades monetarias del momento habían considerado en alguna ocasión cercana al estallido de la actual crisis relajar el cumplimiento de esta provisión por entender que los recursos acumulados eran suficientemente elevados y que no era necesario seguir haciendo los mismos esfuerzos. Era un poco lo mismo que había ocurrido con los recursos aportados a los Fondos de Garantía de Depósitos en bancos y cajas a lo largo de su historia.

En un primer momento estos fondos se nutrían a partes iguales de aportaciones de bancos y cajas y del Banco de España. Pero una vez que se terminó la crisis bancaria tras la intervención de Banesto, y que se recuperó el dinero adelantado para su saneamiento, el Banco de España dejó de aportar recursos al fondo bancario. Unos años antes había hecho lo mismo con el de cajas, y éstas habían bajado su aportación anual por entender que había ya mucho dinero almacenado en sus cuentas. Durante muchos años estas entidades han presumido con razón de que su fondo de garantía prácticamente no se había usado y que suponía un colchón muy mullido. Hace unos meses han aprobado incrementar sus cuotas al fondo de garantía específico porque empiezan a tener necesidades de saneamiento superiores en cuantía a las cantidades que atesora.

Junto a la existencia de la provisión genérica, el Banco de España llevó a cabo una tarea de supervisión que en líneas generales se ha mostrado acertada. Consistió en mantener de forma permanente a numerosos equipos de inspección en los bancos y cajas de ahorros de manera que el conocimiento sobre la situación concreta de las entidades fuera bastante exacto, además de no permitirles acometer operaciones que no estuvieran claramente reguladas.

El escaso desarrollo de las operaciones fuera de balance por parte de las entidades españolas, en comparación con lo que hacían las entidades de otros países, muestra a las claras que este tipo de supervisión era mucho mejor que la que se desarrollaba en otras partes del mundo.

Junto a estos aciertos, reconocidos internacionalmente aunque de forma insuficiente según los responsables del banco emisor, hubo lagunas evidentes, producto posiblemente de la propia marcha de la economía más que de equivocaciones del propio banco.


El mayor problema de la economía española ha sido, sin duda, su sobreendeudamiento respecto al exterior, que se ha traducido en un déficit por cuenta corriente que llegó a suponer el 10 por 100 anual del Producto Interior Bruto. Empresas y particulares han sido los protagonistas de este exceso de inversión; no así el sector público, que registraba superávit. Para conseguir los recursos que pedía el sector privado, bancos y cajas tuvieron que recurrir a tomai dinero en los mercados internacionales. Cuando éstos se secaron como consecuencia del inicio de la crisis, las entidades financieras se encontraron con problemas a la hora de renegociar los vencimientos de su deuda.

Esta situación se mantiene todavía; aunque los mercado; han vuelto a funcionar, aún no lo hacen a pleno rendimiento, y, además, los bancos y cajas españoles sufren una penalización adiciona por los problemas generados por la crisis de la economía real. El elevado déficit público actual supone un problema adicional a la hora de que las entidades españolas consigan fondos del exterior, ya que el Estado tiene también que obtenerlos.

Es cierto que el Banco de España venía advirtiendo desdf años antes de que la evolución del crédito en la economía español no era sostenible. Porcentajes de incrementos anuales superiores a 20 por 100 de esta rúbrica registrados año tras año eran imposible: de mantener. Y sin embargo se producían.

Las entidades financieras explicaban que se debía a dos mo tivos. Por un lado, el estrechamiento de márgenes, derivado sobri todo de la caída de los tipos de interés activos, hacía que las enti dades se fijaran como objetivo aumentar su actividad para com pensar esta caída del margen. Por otro, el fuerte crecimiento de la economía española se basaba en la facilidad de acceso al crédito de que disponían empresas y particulares. Bancos y cajas señalaban que, si ellos no daban los créditos que se les pedían u ofrecían, habría otras entidades que sí lo harían y, por tanto, les quitarían cuota de mercado.

En estas condiciones, las recomendaciones del Banco de España para no seguir aumentando el crédito no podían ser escuchadas por los gestores, a los que se les pedían resultados crecientes de forma constante.