A partir de aquí surgen las discrepancias. Aunque hay coincidencia general en que la supervisión a grandes rasgos ha sido acertada porque las grandes instituciones españolas han resistido la crisis, cosa que no ha ocurrido en el resto del mundo, también hay quien considera que en los últimos años no fue todo lo concienzuda que debería haber sido.
Que las grandes instituciones españolas han resistido mejor que el resto de sus competidoras es evidente. No ha habido crisis de ninguna de ellas; no se han necesitado ayudas extraordinarias ni aportaciones públicas de capital, como ha pasado en otros países. Y esta comparación vale cuando se hace con países que tenían burbuja inmobiliaria, como Estados Unidos, Reino Unido o Irlanda, donde los estados han tenido que aportar dinero o nacionalizar directamente a sus grandes instituciones para evitar su quiebra. Pero también vale para países donde no había burbuja, como Alemania, Francia u Holanda, que también han necesitado fuertes aportaciones de capital para evitar el hundimiento de las grandes entidades. En España, hasta el momento, no ha sido necesario.
Pero, señalan algunos expertos, si todo el mundo sabía que el sector inmobiliario no podía seguir resistiendo un ritmo de iniciación de viviendas superior a las 700.000 anuales, si era evidente que no era financieramente acertado proporcionar créditos ingentes de dinero para que unas empresas adquirieran paquetes importantes de otras con la casi exclusiva garantía de dichas acciones, ¿por qué el Banco de España no endureció su política de provisiones de forma que fuera más difícil realizar estas operaciones?
Estos expertos señalan que no bastaba con que, por ejemplo, el Banco de España mostrara su disgusto por la aparición de hipotecas a 40 o más años de amortización y que debería haber impuesto una provisión más alta en este tipo de operaciones para desanimarlas. O pedir mayores garantías o más provisiones para según qué créditos cuyo riesgo era superior.
La situación por la que atravesaba la economía española puede definirse como el peligro de un exceso de liquidez. Como había dinero por todas partes a precios muy baratos, las entidades financieras estaban dispuestas siempre a acabar prestando, y así las empresas y particulares siempre encontraban alguien dispuesto a renegociar sus deudas. De esta forma no es que, en muchos casos, se pagaran las deudas, sino que se renegociaban los créditos, con las mismas entidades o con otras distintas, de forma que la pelota siempre estuviera girando.
Con este sistema la morosidad apenas existía --basta recordar que durante mucho tiempo estuvo situada en mínimos históricos--, lo que significaba de manera automática que prácticamente no había que hacer provisiones porque se consideraba que la mayor parte del balance de bancos y cajas estaba sano y no suponía ningún peligro.
Algo más de cautela, alguna actuación más enérgica para parar la burbuja financiera, habrían venido bien, como se ha demostrado posteriormente. En el propio banco emisor se reconoce que habría que haber hecho más de lo que se hizo --aun señalando que lo hecho fue mucho--, ya que luego surgieron los problemas a los que en estos meses se trata de dar solución.
Que las grandes instituciones españolas han resistido mejor que el resto de sus competidoras es evidente. No ha habido crisis de ninguna de ellas; no se han necesitado ayudas extraordinarias ni aportaciones públicas de capital, como ha pasado en otros países. Y esta comparación vale cuando se hace con países que tenían burbuja inmobiliaria, como Estados Unidos, Reino Unido o Irlanda, donde los estados han tenido que aportar dinero o nacionalizar directamente a sus grandes instituciones para evitar su quiebra. Pero también vale para países donde no había burbuja, como Alemania, Francia u Holanda, que también han necesitado fuertes aportaciones de capital para evitar el hundimiento de las grandes entidades. En España, hasta el momento, no ha sido necesario.
Pero, señalan algunos expertos, si todo el mundo sabía que el sector inmobiliario no podía seguir resistiendo un ritmo de iniciación de viviendas superior a las 700.000 anuales, si era evidente que no era financieramente acertado proporcionar créditos ingentes de dinero para que unas empresas adquirieran paquetes importantes de otras con la casi exclusiva garantía de dichas acciones, ¿por qué el Banco de España no endureció su política de provisiones de forma que fuera más difícil realizar estas operaciones?
Estos expertos señalan que no bastaba con que, por ejemplo, el Banco de España mostrara su disgusto por la aparición de hipotecas a 40 o más años de amortización y que debería haber impuesto una provisión más alta en este tipo de operaciones para desanimarlas. O pedir mayores garantías o más provisiones para según qué créditos cuyo riesgo era superior.La situación por la que atravesaba la economía española puede definirse como el peligro de un exceso de liquidez. Como había dinero por todas partes a precios muy baratos, las entidades financieras estaban dispuestas siempre a acabar prestando, y así las empresas y particulares siempre encontraban alguien dispuesto a renegociar sus deudas. De esta forma no es que, en muchos casos, se pagaran las deudas, sino que se renegociaban los créditos, con las mismas entidades o con otras distintas, de forma que la pelota siempre estuviera girando.
Con este sistema la morosidad apenas existía --basta recordar que durante mucho tiempo estuvo situada en mínimos históricos--, lo que significaba de manera automática que prácticamente no había que hacer provisiones porque se consideraba que la mayor parte del balance de bancos y cajas estaba sano y no suponía ningún peligro.
Algo más de cautela, alguna actuación más enérgica para parar la burbuja financiera, habrían venido bien, como se ha demostrado posteriormente. En el propio banco emisor se reconoce que habría que haber hecho más de lo que se hizo --aun señalando que lo hecho fue mucho--, ya que luego surgieron los problemas a los que en estos meses se trata de dar solución.
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